La actualización del EBCO es un estudio documental que integra la información de tres componentes para cada estado de la República Mexicana, y se realizó a partir del método de investigación mixta concurrente (Hernández et al., 2014), que por un lado permite el análisis de datos cuantitativos y por otro la revisión de documentos técnicos, que se integran en las conclusiones.
Para el presente estudio se consideró la participación de 101 unidades de prevención y tratamiento en consulta externa, quienes habían participado con anterioridad en el estudio: CIJ Aguascalientes, CIJ Tijuana-Soler, CIJ Mexicali, CIJ Tijuana-Guaycura, CIJ La Paz, CIJ Los Cabos, CIJ Ciudad del Carmen, CIJ Saltillo, CIJ Torreón Oriente, CIJ Ramos Arizpe, CIJ Colima, CIJ Manzanillo, CIJ Tecomán, CIJ Tuxtla Gutiérrez, CIJ Tapachula, CIJ Chihuahua, CIJ Ciudad Juárez Norte, CIJ Álvaro Obregón Centro, CIJ Álvaro Obregón Oriente, CIJ Azcapotzalco, CIJ Benito Juárez, CIJ Coyoacán, CIJ Cuajimalpa, CIJ Cuauhtémoc Oriente, CIJ Cuauhtémoc Poniente, CIJ Gustavo A. Madero Aragón, CIJ Gustavo A. Madero Norte, CIJ Gustavo A. Madero Oriente, CIJ Iztapalapa Oriente, CIJ Iztapalapa Poniente, CIJ Miguel Hidalgo, CIJ Tlalpan, CIJ Venustiano Carranza, CIJ Xochimilco, CIJ Durango, CIJ Laguna Durango, CIJ Celaya, CIJ Guanajuato, CIJ León, CIJ Salamanca, CIJ Acapulco, CIJ Chilpancingo, CIJ Ixtapa Zihuatanejo, CIJ Pachuca, CIJ Tula, CIJ Tulancingo, CIJ Guadalajara Centro, CIJ Guadalajara Sur, CIJ Puerto Vallarta, CIJ Tlaquepaque, CIJ Zapopan Kena Moreno, CIJ Zapopan Norte, CIJ Atizapán, CIJ Chalco, CIJ Ecatepec, CIJ Naucalpan, CIJ Nezahualcóyotl, CIJ Texcoco, CIJ Tlalnepantla, CIJ Toluca, CIJ La Piedad, CIJ Morelia, CIJ Zamora, CIJ Cuernavaca, CIJ Tepic, CIJ Apodaca, CIJ Guadalupe, CIJ Monterrey, CIJ San Nicolás de los Garza, CIJ Huatulco, CIJ Oaxaca, CIJ Puebla, CIJ Tehuacán, CIJ Querétaro, CIJ Cancún, CIJ Chetumal, CIJ Cozumel, CIJ Playa del Carmen, CIJ San Luis Potosí, CIJ Culiacán, CIJ Culiacán Oriente, CIJ Escuinapa, CIJ Guamúchil, CIJ Guasave, CIJ Los Mochis, CIJ Los Mochis Centro, CIJ Mazatlán, CIJ Hermosillo, CIJ Nogales, CIJ Villahermosa, CIJ Ciudad Victoria, CIJ Reynosa, CIJ Tampico, CIJ Tlaxcala, CIJ Poza Rica, CIJ Xalapa, CIJ Mérida, CIJ Yucatán, CIJ Fresnillo, CIJ Guadalupe Zacatecas y CIJ Zacatecas.
El primer componente analiza indicadores sociodemográficos y condiciones sociales de vida (Tabla 1), como factores estructurales o coyunturales que pueden influir en la forma en que se manifiesta el consumo de sustancias y otras condiciones de salud mental.
Este componente se integró con base a datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023), la Estadística de Defunciones Registradas 2022 (INEGI, 2022), el Índice de marginación por entidad federativa (CONAPO, 2020), del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas (OMSMCP, 2021), actualmente Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA) y del Programa de CIJ para la atención de las adicciones a nivel estatal (CIJ, 2024a-ae).
Los indicadores considerados en este componente fueron:
1) Población, que integra información sobre población por sexo, edad mediana de la población y por grupos etarios (niños: 0-11, adolescentes: 12-17, adulto joven: 18 a 29, adulto: 30-59 y adulto mayor: 60 y más), nivel de densidad poblacional, dinámica poblacional (tasa de crecimiento poblacional, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad), migración (distribución de migrantes internacionales por movimiento migratorio y población nacida en otra entidad o país).
2) Educación, integrado por promedio de grado escolar del grupo etario de 15 años y más, asistencia escolar por rango de edad (3 a 5 años, 6 a 14 años y 15 a 24 años), planteles educativos (por nivel escolar y municipios de influencia y presencia de CIJ).
3) Salud, donde se integran datos sobre esperanza de vida (general y por sexo), principales causas de mortalidad, primeras cinco causas de muerte general y por sexo, condición mental (porcentaje poblacional con problema o condición mental, principales trastornos mentales y del comportamiento –esquizofrenia, depresión mayor, distimia, trastorno bipolar, ansiedad–), acceso a los servicios de salud (población por condición de derechohabiencia – afiliada o no a algún servicio de salud–) y unidades de salud (total de unidades de salud por municipio de influencia y presencia).
4) Económico, integrado por total de unidades económicas por municipio de influencia y presencia de CIJ, tasa de participación económica formal (general y por sexo), tasa de participación económica informal (general y por sexo) y tasa de población desocupada (general y por sexo), Índice general marginación (grado de marginación y lugar de marginación que ocupa el estado en el contexto nacional).
5) Violencia e Inseguridad, compuesto por la prevalencia e incidencia delictiva a nivel estatal (entendidas como la proporción de personas u hogares que experimentan uno o más de los delitos medidos durante el periodo de referencia, pero que cuentan una única vez en la medición y como el número de eventos individuales de victimización delictiva reportados durante un periodo específico en el periodo de referencia, respectivamente), el porcentaje de víctimas de delitos en población de 15 años y más y la percepción de inseguridad en esta población.
En este primer componente se integra la Estratificación Socio Urbana (ESU) realizada por las unidades participantes de sus zonas de influencia, entendida como la clasificación en niveles, de los inmuebles residenciales, los servicios públicos y los asentamientos poblacionales que prevalecen en las áreas de influencia donde se ubican dichas unidades de atención (Clarac, 1986) y se fundamenta en la concepción de que el consumo de sustancias está relacionado con el impacto de las condiciones sociales de vida (Frenk, 2014).
La actualización de la ESU se realizó a partir de la experiencia y conocimiento del equipo médico técnico de la zona de influencia de cada unidad, considerando cinco factores:
1) Urbanización (calidad de la urbanización y del equipamiento urbano como pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, etc.).
2) Servicios públicos (suficiencia, acceso y calidad de servicios como transporte público, servicios educativos, de salud, culturales y recreativo, vigilancia, mercados, electricidad en los hogares, etc.).
3) Edificaciones (calidad y condiciones de conservación de las edificaciones, incluyendo casas-habitación y otros inmuebles).
4) Zona ambiental (existencia de áreas verdes y de esparcimiento de uso común).
5) Inseguridad pública (percepción de los espacios como peligrosos o seguros y de la advertencia o no de manifestaciones delictivas).
Para lo cual se solicitó a cada unidad participante que actualizara el documento de Estrato Socio-Urbano (ESU) publicado en el EBCO 2018-2024, de acuerdo con su experiencia y conocimiento de la infraestructura existente en su zona de influencia y con el apoyo de la Forma 6000-01, que establece criterios de Estratificación Socio-Urbana (Clarac, 1986) para calificar los cinco factores mencionados.
El segundo componente concentra la información epidemiológica del uso de sustancias (Tabla 2), publicada por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA, 2024), y por Centros de Integración Juvenil, a través del Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Sustancias de Centros de Integración Juvenil (CIJ, 2024af, 2024ag), los cuales se reportan a nivel estatal y Nacional.
Los indicadores considerados en este componente fueron:
1) Consumo de drogas a nivel estatal (datos de la OMSMA, 2024; droga de inicio y droga de impacto).
2) Características sociodemográficas (sexo y edad de ingreso a tratamiento) y de consumo de drogas a nivel nacional (edad de inicio del consumo de drogas ilícitas, primeras cinco drogas ilícitas consumidas, principales drogas de impacto, primeras cinco drogas consumidas en los últimos 30 días) en solicitantes de primer ingreso a tratamiento en CIJ (nacional).
3) Características sociodemográficas (sexo y edad de ingreso a tratamiento) y de consumo de drogas a nivel estatal (tendencia del consumo de drogas alguna vez en la vida, edad de inicio del consumo de drogas ilícitas, primeras cinco drogas ilícitas consumidas, primeras cinco drogas de impacto, primeras cinco drogas consumidas en los últimos 30 días) en solicitantes de primer ingreso a tratamiento en CIJ.
Como parte final de este componente, el personal de cada unidad participante realizó la actualización de zonas de alto riesgo (ZAR) y de atención prioritaria (ZAP) de sus áreas de influencia. Entendiendo que las ZAR para el consumo de drogas, son zonas o colonias donde confluyen condiciones estructurales y coyunturales que favorecen el uso de sustancias: deterioro de condiciones de vida, falta de oportunidades de empleo y de estudio, presencia de núcleos importantes de población infantil, jóvenes o adultos jóvenes, accesibilidad y oferta de sustancias, indicios de alto consumo, entre otros, y las ZAP son aquellas que, además de ser zonas calificadas de alto riesgo para el consumo, presentan condiciones propicias para la aplicación de los servicios institucionales (accesibilidad, recursos organizados, apoyo interinstitucional, antecedentes de trabajo preventivo y condiciones de seguridad).
Para la actualización de las zonas o colonias que integran el grupo de ZAR y ZAP, se solicitó a cada unidad participante que, considerando la experiencia y conocimiento del equipo de trabajo, determinaran si se mantenía o se actualizaba el nivel de riesgo de cada asentamiento existente en el área de influencia reportado en el EBCO 2018-2024, y de ser necesario agregaran o eliminaran asentamientos.
El tercer componente comprende la integración de la Respuesta Social Organizada (RSO), entendida ésta como la capacidad de respuesta institucional y organizacional ante la problemática de trastornos de la salud mental y el consumo de sustancias, mediante un recuento de los recursos, programas y servicios dedicados a la atención de la salud mental y las adicciones, de los sectores de salud, educación, laboral, social y comunitario.
La actualización de este componente se realizó a partir del conocimiento con el que cuenta el personal de las unidades participantes y buscó conocer las políticas y estrategias en desarrollo existentes en su entidad y localidad de trabajo, así como identificar necesidades y oportunidades de colaboración interinstitucional e intersectorial a nivel estatal.
Para lo anterior, se solicitó a cada unidad participante identificar las necesidades y oportunidades de colaboración interinstitucional e intersectorial en el periodo 2024-2030.
Por último, dentro de este tercer componente, se realizó la actualización, con una mirada integral, de las Recomendaciones y Líneas de Acción (RyLA). Ejercicio de planeación dirigido a promover el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan las unidades de atención en función del cumplimiento de objetivos institucionales basados en el documento "Programa de CIJ para la atención de las adicciones 2019-2024”, y la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual permite orientar las actividades de prevención, tratamiento y comunicación social de las diferentes unidades operativas, además de servir de sustento en la toma de decisiones en relación a las líneas de acción.
La actualización de este apartado fue realizada por cada unidad participante, quienes proporcionaron las directrices y lineamientos pertinentes y viables para ser aplicados en su área de influencia para el periodo 2024-2030.