“El cambio en las políticas públicas, sobre cómo se debe abordar la salud mental y las adicciones y el centrar la atención en la salud de las personas y no en el combate al comercio de las sustancias ilegales, ha sido una prioridad para el Gobierno de México”, así lo afirmó el coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en su mensaje de apertura del 21.° Congreso Internacional en Adicciones “Atención a la salud mental y adicciones ante la nueva realidad”.

El funcionario destacó que derivado de la pandemia por COVID-19, se ha generado un crecimiento exponencial de situaciones que conllevan a problemas de salud mental y asociados al consumo de sustancias psicoactivas, que en muchas ocasiones alteran el funcionamiento del cerebro, y sobre todo el manejo de las emociones. En ese sentido, resaltó que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) tiene como objetivo fortalecer los factores de protección y prevención de las adicciones, y al mismo tiempo disminuir los factores de riesgo y mejorar la conversación de cuáles son las causas que llevan al consumo de sustancias.

Enfatizó que la apuesta de esta estrategia y del actual Gobierno es por las personas, por una política humanista y por integrar a la comunidad en el proceso de reconstrucción social, pero también se busca la reapropiación del espacio público y de la atención, el mejoramiento de las condiciones sociales y un realineamiento de las políticas públicas que pongan en el centro a las personas y a las comunidades por encima de las políticas punitivas, de la guerra contra las drogas, y otras que han tenido como consecuencia la marginación, estigmatización y criminalización de los usuarios de drogas.

Por su parte, el presidente del Patronato Nacional de Centros de Integración Juvenil (CIJ), doctor Roberto Tapia Conyer, informó que, en este escenario pandémico, gracias a la participación de más de 6 mil voluntarios, las 120 unidades de CIJ que integran una red orientada a la prevención y atención de los problemas de salud mental otorgan servicios en 900 municipios del país. Explicó que se ha llegado a la precisión de las consecuencias cromosómicas provocadas por las sustancias adictivas, por ello el impacto de las neurociencias en la génesis y manejo de las adicciones y la salud mental también debe ser materia de estudio constante, tema presente en este congreso.

La fundadora de CIJ y vicepresidenta vitalicia del Patronato Nacional, señora Kena Moreno, coincidió en que el contexto que se vive a nivel mundial es el mayor reto que ha enfrentado la institución durante sus 52 años de existencia; sin embargo, reconoció, se ha superado y han permanecido abiertas las unidades para brindar servicios de prevención y tratamiento tanto en la modalidad a distancia como presencial.

En este encuentro académico, participaron 60 especialistas de 13 países, representantes de diferentes instituciones del mundo, como la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Sociedad Internacional de Profesionales para la Prevención y Tratamiento del uso de sustancias (ISSUP por sus siglas en inglés), el Grupo de Cooperación Internacional del Consejo de Europa sobre Drogas y Adicción, entre otras destacadas instituciones.

En su intervención en el último panel del Congreso, la doctora Carmen Fernández Cáceres directora general de Centros de Integración Juvenil,, habló sobre las dificultades que se han presentado en las sociedades a raíz de la pandemia de COVID-19. “Las políticas públicas sobre drogas han mostrado avances importantes en los últimos años, ya que han transitado de una visión punitiva a un enfoque basado en la salud y en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, hay una agenda pendiente con temas relevantes para el bienestar de las personas y el desarrollo de las naciones”:

“Es necesario instar por la proporcionalidad de los recursos destinados para reducir la oferta y atender la demanda de las drogas; fortalecer la atención a la salud mental y las adicciones; contener el aumento en las prevalencias del consumo de drogas, como metanfetaminas y opiáceos; desarrollar programas de reducción de daños ante el consumo combinado de drogas; impulsar programas de justicia terapéutica; generar evidencia científica a través de la investigación; formar recursos humanos especializados; y evaluar las políticas públicas implementadas con indicadores que den cuenta de su efectividad”, son los principales retos a atender.